Con el caso de Endrew F., la Corte Suprema decidirá cuánto beneficio debe aportar el IEP

Por The Understood Team

Según la ley federal de educación especial, el IEP debe proporcionar “beneficios educativos”. Pero, ¿cuánto beneficio educativo debe proporcionar el IEP?

Vea el video de Understood en vivo en la Corte Suprema de la entrevista con el abogado del caso de la familia.

Esa es la pregunta legal de la Corte Suprema en el caso Endrew F. v. Douglas County School District. Este caso será discutido el 11 de enero.

La Ley para la Educación de Individuos con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés) establece que los chicos con discapacidades tienen el derecho a una educación pública apropiada y gratuita (FAPE, por sus siglas en inglés). Eso incluye a muchos chicos que tienen dificultades de aprendizaje y de atención.

El derecho a tener una educación pública apropiada y gratuita significa que los estudiantes reciben y servicios relacionados a través de un IEP. Pero la ley no aclara qué significa “apropiada”. Tampoco establece un estándar para el nivel de beneficio que los servicios deben proveer. ¿Es suficiente un pequeño beneficio? o ¿el estudiante tiene derecho a algo más significativo?

En el caso Endrew F., la Corte Suprema considerará estas preguntas.

Esta es la primera vez desde 1982 que un caso importante sobre el significado de FAPE ha llegado hasta la Corte Suprema. Ese año, la Corte Suprema decidió un caso conocido como Rowley.

En Rowley, la corte determinó que un niño sordo, que es un lector de labios excelente, no tenía derecho a un intérprete. La corte dijo que un IEP “debe ser razonablemente diseñado para permitir que un niño reciba beneficios educativos”. En otras palabras, debe ofrecer lo que parece ser una cantidad razonable de apoyo, pero no el mejor de todos o el mejor que esté disponible.

FAPE ofrece una “base mínima de oportunidad” que asegure igualdad de condiciones, escribió la corte. Sin embargo, la escuela no tiene que “maximizar” el potencial del estudiante. Después de esa decisión, muchas cortes federales usaron la analogía de que los chicos tienen derecho a un “Chevrolet que funcione”, no a un “Cadillac”, cuando se trata de servicios.

El caso Endrew F. se enfoca a partir de esa decisión. El caso surgió en beneficio de “Drew”, un niño con autismo y que asistió al distrito escolar del condado Douglas en Colorado desde el kínder hasta cuarto grado.

Drew tenía un IEP. Pero progresaba muy poco en sus metas académicas. Sus padres afirmaban que era debido a que la escuela no le daba el apoyo necesario para sus severos problemas de conducta. La mayoría de las metas de su IEP permanecieron igual de cuarto a quinto grado.

En quinto grado, los padres de Drew lo sacaron del distrito escolar público y lo inscribieron en una escuela privada que se especializaba en autismo. En la nueva escuela empezó a recibir terapia de comportamiento y el apoyo adecuado, y rápidamente empezó a aprender.

Los padres de Drew argumentan que se le negó FAPE ya que él solo recibió un beneficio insignificante a través de su IEP. Ellos reclaman que su hijo tenía derecho a algo más significativo: la misma oportunidad de tener éxito en la escuela que cualquier otro niño.

Por otro lado, el distrito escolar dice que Drew logró un progreso pequeño en algunas metas. Sostiene que según la ley, él obtuvo suficientes beneficios a través de su IEP.

Casos como este dependen en gran parte de las circunstancias individuales, argumenta el distrito. Por ello es necesario continuar teniendo un estándar flexible.

Pero con lo años se ha creado un movimiento para lograr un estándar para FAPE más específico. Y algunos dicen que debería ser un estándar más alto.

En 1997 el Congreso modificó IDEA para exigir que el IEP tuviera metas que se puedan cuantificar. También obligó a que las escuelas describan cómo medirán el progreso hacia el logro de esas metas. Cuando en el 2001 el Congreso aprobó No Child Left Behind (Que Ningún Niño se Quede Atrás), exigió que los estados desarrollaran estándares académicos más altos. Y en el 2004, el Congreso dijo que esos estándares también aplicaban a los estudiantes con IEP.

El año pasado, el Departamento de Educación de los Estados Unidos también opinó. En una carta de orientación a las escuelas escribió que el derecho a FAPE significa que el IEP debe diseñarse para ayudar al estudiante a que “progrese en el programa de educación general”.

Ambas partes están de acuerdo en que lo que está en juego en este caso es muy importante, tanto para las escuelas como para las familias.

A los distritos escolares les preocupa que elevar el estándar de lo que el IEP debería ofrecer aumentará los costos. Señalan que los presupuestos escolares ya de por sí son limitados y que los estados, no el gobierno federal, son los que asumen el costo de los servicios de educación especial. También afirman que un estándar más alto resultará en más familias haciendo demandas legales, lo cual le costará dinero a las escuelas en lugar de usar ese dinero en servir a los estudiantes.

Pero muchas familias y defensores creen que las escuelas deben hacer más para ayudar a que chicos con discapacidades tengan éxito en la escuela. Un estándar de “algún beneficio” para el IEP es demasiado bajo, dicen. Los chicos con dificultades de aprendizaje y de atención podrán recibir mejores servicios si la Corte Suprema dictamina en favor de Drew y su familia.

Muchos grupos han presentado documentos legales apoyando el caso de Drew. Estos incluyen a los socios fundadores de Understood: National Center for Learning Disabilities, Learning Disabilities Association of America y Parents Education Network. También incluye a grupos defensores como Disability Rights Advocates.

Más de 100 miembros del Congreso apoyan oficialmente a Drew. Así como muchos que tuvieron puestos gubernamentales en el área de la educación.

Un documento legal importante fue presentado por National Association of State Directors of Special Education (“NASDSE”). Esta asociación nacional de directores estatales de educación especial representa a los administradores escolares que supervisan los IEP en las escuelas.

NASDSE no toma una postura directa en el caso. Sin embargo, sí dice que un estándar mayor de “beneficio significativo” del IEP es algo que las escuelas pueden ofrecer y ya lo hacen.

No se espera una decisión en el caso de Endrew F. hasta la primavera o el verano del 2017. Sin importar el resultado de este caso, sin duda tendrá un impacto en los padres de niños con dificultades de aprendizaje y de atención. Publicaremos actualizaciones a medida que tengamos más información.

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